El Gobierno dice que Iglesias entró en la Comisión del CNI por los «riesgos sociales» de la pandemia

El Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que la reforma de la ley del CNI -a través de un decreto del coronavirus- para meter a su socio Pablo Iglesias en la Comisión delegada del Ejecutivo que tiene acceso a los servicios de inteligencia, se realizó con el supuesto propósito de responder a los «riesgos sociales» de la pandemia. Sin embargo, esta maniobra ha sido interpretada por la oposición como un atajo de Iglesias para controlar las investigaciones sobre su persona y sobre las conexiones de su partido con narcodictaduras bolivarianas.

El pasado jueves y en el seno de la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, el PP preguntó al Ejecutivo socialcomunista por los motivos por los que modificó la Ley 11/2002, de 6 de mayo, reguladora del Centro Nacional de Inteligencia en el Real Decreto-ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19″. Esta pregunta del Grupo Popular pasó a ser contestada oralmente en Comisión al no dar el Gobierno la debida respuesta escrita en el plazo correspondiente.

La subsecretaria de Defensa, Amparo Valcarce, compareció en dicha Comisión y manifestó que dicha reforma «obedece a la necesidad de adecuar la composición de esta Comisión delegada a la distribución de competencias entre los miembros del Gobierno actuales o futuros para asegurar un adecuado conocimiento de todos los departamentos afectados por las respuestas a los nuevos desafíos y amenazas».

«Qué duda cabe que coincidirán todos en que hay nuevos desafíos como son las epidemias, las pandemias, la inestabilidad energética, ataques a infraestructuras críticas, inestabilidad económica y financiera… incluidos todos estos riesgos en la estrategia nacional de seguridad que se encuentra vigente», manifestó.

«Estos riesgos son cada vez más transversales e interconectados y afectan además de una manera más directa al bienestar de los ciudadanos. Por ello, se ha estimado necesario completar la Comisión delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia con la incorporación del titular de la Vicepresidencia segunda de Asuntos Sociales y Agenda 2030».

«Tomadura de pelo»

Por su parte, el diputado del PP Jaime de Olano denunció que lo que hizo el Gobierno incluyendo a Pablo Iglesias en dicha comisión «casi roza lo que es una tomadura de pelo». Por ello, enfatizó De Olano, su grupo ha recurrido ante el Tribunal Constitucional.

Además, el diputado del PP preguntó a la número tres del Ministerio de Defensa si hay precedente de un miembro de esta Comisión delegada que esté «preimputado por cuatro delitos», en referencia a la exposición razonada que el juez del caso Dina-Iglesias ha elevado al Tribunal Supremo por presunta revelación de secretos, con agravante de género, denuncia falsa y daños informáticos. De igual modo, De Olano planteó a Valcarce si algún otro miembro de la comisión ha manifestado, como Iglesias, su «absoluto desprecio por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

En este contexto, De Olano recordó que Pablo Iglesias pertenece a un partido que está imputado por financiación ilegal y «cuyo embrión recibió financiación de la dictadura venezolana según declaraciones del ministro de finanzas de aquel país». El diputado popular quiso saber de la compareciente si Iglesias va a recibir «información relacionada con estos países que pueda afectar a la seguridad nacional o a la oposición democrática en aquellos países y lo mismo sobre información privilegiada respecto a los procedimientos judiciales que le afectan a él personalmente o a su partido».

Secretos Oficiales

En su réplica, Valcarce evitó entrar en estas cuestiones y se limitó a decir que tales asuntos no son competencia de la Comisión de Defensa, sino de la Comisión de Secretos Oficiales, también conocida como la de Gastos Reservados. Sin embargo, se da la circunstancia de que esta comisión lleva sin convocarse 18 meses, ya que los vetos cruzados entre los partidos impiden un acuerdo de mínimos que permita elegir en sesión plenaria a sus integrantes.

Entre tanto, el viernes se conoció que el titular del Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid, Juan José Escalonilla, ha imputado al responsable adjunto de finanzas de Unidas Podemos, Carlos García Ramos, de IU, en la causa en la que investiga a los de Pablo Iglesias por financiación irregular, fraude electoral y falsedad en documento mercantil.

En el auto, el juez señala que «existen indicios racionales acreditativos de que los pagos efectuados a la sociedad mercantil Neurona Comunidad SL (…) no tuvieron como finalidad el pago de servicio alguno prestado por dicha mercantil con ocasión de las Elecciones Generales del 28 de abril de 2019 y calificable como gasto electoral». Podemos pagó 363.000 euros a la consultora chavista Neurona Comunidad SL por supuestos trabajos para esos comicios.